En casi todas las casas es posible que haya un pequeño cementerio tecnológico. Un cajón con teléfonos celulares averiados o reemplazados por modelos más recientes, un portátil que ya no enciende, tabletas cuyo sistema operativo no se actualizó más, relojes inteligentes que dejaron de cargarse, audífonos dañados y una maraña de cables que de pronto ya ni sabemos para qué sirven. Todo sigue ahí porque no tenemos idea de qué hacer o nos da pereza averiguarlo.
El problema es de fondo, son parte de lo que se conoce como RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio, arsénico, berilio, cromo y antimonio, así como sustancias químicas industriales PVC, RFB/PBDEs, litio y cobalto, por lo que, hasta cierto punto, guardarlos en esa gaveta impide que estos contaminen el medio ambiente, pero es solo un mientras tanto.
No es posible descargar toda la responsabilidad en el usuario final. Estos residuos no pueden desecharse de forma convencional. La pregunta obvia es qué responsabilidad tienen quienes los manufacturan. Por un lado, está la obsolescencia inducida: equipos con vida útil deliberadamente corta, baterías que se agotan rápido, dispositivos que se ralentizan, accesorios con entradas que cambian y piezas irremplazables o demasiado costosas de reparar. Este modelo de negocio de Apple, Google, HP, Xiaomi, Huawei y similares nos obliga, cada pocos años, a reemplazar dispositivos sin saber qué hacer con el anterior. Por otro lado, debería ser regla, y no un gesto de mercadeo, que estas diseñen planes de recolección para los dispositivos que fabrican. Algunas lo han hecho, pero imponiendo trabas: no los reciben si el equipo fue abierto, si la batería está por debajo de cierto porcentaje de salud, si no hay factura original o si se quiere entregar más de una unidad. Artimañas que vuelven el proceso tan frustrante que al final resulta más fácil dejar el aparato engavetado por ahí.
¿Qué hace el Estado? Son pocas las ciudades que cuentan con alguna política o centros de recolección de residuos tecnológicos, y si los hay, están mal diseñados, o son pocos, o la comunicación institucional sobre su existencia es tan esporádica o nula que casi nadie sabe dónde se ubican. Por lo tanto, desengavetar esa basura tecnológica implica jornadas frecuentes, puntos de acopio estables, campañas pedagógicas y, desde luego, alianzas con gestores autorizados en manejo de este tipo de desechos.
La basura tecnológica se ha vuelto un residuo invisible, no huele, no se pudre, pero ocupa espacio y representa un riesgo potencial. Tal vez ha llegado el momento de vaciar esa gaveta. Y, sobre todo, de exigir que quienes fabrican y gobiernan dejen de mirar hacia otro lado.
*Columna publicada originalmente en el diario El Universal (Cartagena) y la Revista Metro.
También puedes leer su versión para el diario impreso:
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